ENHORABUENA

Habrá que reconocerle (o “erla”), a quien corresponda, que el plan para dividirlo todo incluidas las instituciones del estado en dos pétreos bloques que se miran torvamente, apalancados con una invisible trinchera de por medio, ha funcionado para su plena satisfacción.

El populismo, esa formula bocazas y sin razón ni objetivo sano de hacer política, se nos ha colado, tacita a tacita y campa a sus anchas, vociferando gruesas declaraciones, furibundos titulares de prensa e hipérboles o dicotomías tan imposibles como innecesarias (Sánchez o España). Tal es así, que hay que ponerle ganas y tiempo para encontrar a lideres de opinión o políticos, que sigan conservando, al menos cierto aroma, de la vieja receta clásica de comunicar bien, sosegada y razonadamente.

El populismo niega la legitimidad a un gobierno que pacta con grupos parlamentarios legítimamente elegidos  que no son del agrado de una parte de la sociedad española, pero estas son cosas de la democracia, algo que parece muchos no han terminado de entender o de aceptar.

En democracia, una de las muchas cosas que la diferencian con otros regímenes políticos, es que los cargos son finitos, tienen fecha de caducidad, se reemplazan o renuevan, sí o sí, por mandato legal y no divino ni arbitrario. El Poder Judicial en España esta contraviniendo activamente esa norma tan especifica, asumiendo una ocupación fraudulenta de las funciones que por haber prescrito no le corresponde. Y convirtiendo su órgano de gobierno es una especia de contra-parlamento, donde se actual no como jueces nombrados de manera individual sino como un grupo cuasi parlamentario de togas negras con puñetas, eso si. 

El despropósito afecta al funcionamiento real de la justicia, hay un cierto harakiri que parece es del agrado de estos sesudos jueces y juezas; por ejemplo, la sala segunda del Tribunal Supremo, podría quedar inoperativa al no tener capacidad el actual Consejo para nombrar sustitutos, entre otras cosas por jubilación. 

Ayer el Tribunal Constitucional, y sin entrar en el fondo jurídico del asunto, cometió dos errores que lo alejan de cualquier posición respetable. 

En primer lugar, los magistrados que podrían perder empleo y sueldo de aprobarse la reforma, no solo no se abstuvieron, como se ha hecho en este mismo tribunal en otras ocasiones y asuntos, sino que votaron a sabiendas que su voto era decisivo. 

Mala comparación tiene todo lo anterior, con el caso del diputado canario Alberto Rodríguez (suspendido), lleva meses esperando el amparo del mismo tribunal al entender, también en su caso, se han vulnerado sus derechos como diputado, pero hasta la fecha 

La diferencia es la premura con la que se ha atendido una petición y otra, no se puede justificar, excepto cuando entran en juego los intereses no generales ni las razones de estado.

Darle la vuelta a todo esto, requiere de unos pulsos y capacidades de las que no andamos muy sobrados, pero nada es imposible.